Memoria de la Fiscalía: las diligencias por hechos delictivos creció un 4,12 % en 2006 PDF  | Imprimir |  E-mail
dimarts, 18 setembre de 2007
Agències

El número total de procedimientos judiciales por hechos delictivos incoados durante 2006 creció un 4,12 % en relación con el año anterior, hasta situarse en 4.395.244, lo que representa un incremento de 174.043 causas. Así se afirma en la Memoria de la Fiscalía General del Estado presentada con motivo de la apertura del año judicial.

Del total de causas, un 3,15 % (138.546) se tramitaron de forma urgente, mientras que el resto (4.256.698) se cursó bajo la figura de diligencias previas. El porcentaje más elevado tuvo por objeto la investigación de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, que constituyeron aproximadamente la mitad de las incoaciones. A continuación se situaron las diligencias por hurtos, que centraron el 39,5 % del total, los robos con fuerza y los delitos contra la vida y la integridad física y la violencia intrafamiliar.

Lo más llamativo es que los procedimientos judiciales por pornografía infantil crecieron un 48 % en 2006 en relación con el año anterior, según la Memoria de la Fiscalía General, que destaca que el año pasado se incoaron 294 actuaciones de este tipo, frente a las 198 del ejercicio anterior.

En general, los delitos contra la libertad sexual generaron en 2006 un total de 9.907 diligencias previas, un porcentaje que representa el 0,23 % del volumen total de procedimientos abiertos durante el año. De ellos, el 80 % (8.053) respondían a delitos de agresión o abuso sexual, mientras que 400 estaban relacionados con casos de acoso sexual.

Más de 800.000 delitos contra la vida

Las diligencias previas relativas a delitos contra la vida y la integridad física ascendieron a 812.304, lo que supone un descenso del 7,62 % (67.039 diligencias) en relación con 2005. A estos datos hay que sumar las diligencias urgentes incoadas por tipos penales relacionados con la violencia intrafamiliar que, según advierte la Memoria, "presentan índices muy elevados".

De ellos, 1.052 procedimientos estaban relacionados con delitos de homicidio (948) y asesinato (104). En concreto, en Barcelona se desarrollaron 192 procedimientos y en Madrid, 160.

Asimismo, durante el conjunto de año se abrieron 810.424 actuaciones judiciales por lesiones, 168.741 por actos ilícitos contra la vida o la integridad física de carácter culposo, 27.929 por actuaciones delictivas relativas a la circulación viaria y 23.953 por negligencias e imprevisiones en el ámbito laboral.

Durante el conjunto del año, el Ministerio Fiscal formuló un total de 204.682 acusaciones por delito, en su mayoría por procedimientos abreviados. No obstante, la Memoria hace una especial mención a los 85.143 informes presentados en diligencias urgentes.

En 2006 las fiscalías territoriales iniciaron un total de 10.962 diligencias preprocesales, informativas o de investigación, a las que hay que sumar las 77 que fueron incoadas por las fiscalías especiales de ámbito nacional. Según la Fiscalía, estos resultados, que representan un incremento en un 56,7 % respecto del año precedente, "reflejan una tendencia cada vez más significativa a la intervención del Ministerio Fiscal en el impulso y dirección de la investigación de hechos delictivos que debe ser puesta en valor en futguras reformas procesales".

El 45 % de estas actuaciones preprocesales tiene su origen en comunicaciones remitidas por la Administración pública acerca de hechos aparentemente delictivos, mientras que el resto obedece a causas tan variadas como testimonios remitidos por los órganos judiciales, denuncias de particulares o actuaciones de oficio. En cualquier caso, las diligencias de investigación del Ministerio Público concluyeron en casi un 50 % de los supuestos con la presentación de denuncia o querella ante la autoridad judicial competente.

De igual forma, el Ministerio Público impulsó 3.557 diligencias preprocesales relacionadas con daños contra el medio ambiente, la ordenación del territorio y el patrimonio histórico (un 32% del total), 2.452 por delitos contra los derechos de los trabajadores (un 22,3%), 2.092 correspondientes a siniestralidad laboral y 289 relacionadas con incendios forestales.

Las pateras aumentaron un 564% en un año

La Memoria de la Fiscalía General trata además un problema creciente en nuestro país: la masiva llegada de inmigrantes. Concretamente, a Canarias fueron 31.678 las personas que llegaron en patera o cayuco el año pasado procedente de África, un 564% más que en 2005, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006.

La Fiscalía considera que esta "excepcional circunstancia" ha convulsionado la conciencia de los españoles y ha puesto en crisis tanto el sistema legal de la medida cautelar de internamiento de extranjeros sometidos a expulsión por devolución como la infraestructura de los centros donde son recluidos.

La Memoria asegura que los centros provisionales de internamiento de extranjeros creados para dar respuesta a esta necesidad carecen en mayor o menor medida de las condiciones propias de los Centros de Internamiento de Emigrantes (CIE). En este sentido, alaba el "magnífico comportamiento de las instituciones afectadas y subraya que las visitas de inspección de los centros se han realizado con periodicidad casi mensual y en los momentos en los que la afluencia de subsaharianos se agudizó se despachó semanalmente con el jefe de la Brigada Provincial de Extranjería".

El informe recoge la relación de irregularidades en los lugares habilitados como CIE realizada por el Fiscal especialista de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Eguiluz, en el que se detallan deficiencias en la identificación de los inmigrantes y solicita la creación de un nuevo Centro de Internamiento en la provincia.

En Andalucía esta situación de excepcionalidad "no ha ocurrido", detalla el informe. En la valoración de los CIE ya existentes el informe detalla que el de Málaga "no se adecúa a las necesidades" y "tiene humedades" por lo que recomienda la construcción de uno nuevo.

En Tenerife el centro de Barranco Seco adolece de falta de medidas de seguridad, principalmente contra incendios, y el de Hoya Fría cuenta con una plantilla policial inferior al 60 por cien de la prevista, de forma que el patio donde se encuentra la mayor parte del día los internos está custodiado por un solo agente.

Respecto al CIE de la Zona Franca de Barcelona, inaugurado en septiembre de 2006, el informe afirma que carece de servicios sociales y culturales, mientras el nuevo centro de Valencia está afectado por "graves problemas de personal". Como solución, el Fiscal de Extranjería de Málaga, Juan Bermejo, propone la creación de una Dirección General encargada de gestionar estos centros con un presupuesto propio y con funcionarios que formarán un cuerpo profesional y especializado como existe en el ámbito penitenciario.

Asimismo considera urgente la aprobación de una norma con rango de ley orgánica que regule el funcionamiento de estos centros y el estatuto de las personas que están ingresadas en ellos. Pero el Fiscal no se queda ahí y pide una valoración más extensa de la incidencia de la inmigración.

No se valora la incidencia de la inmigración

En otro apartado de la Memoria, el Fiscal de Sala Coordinador de Extranjería denuncia la imposibilidad de "valorar seriamente" la incidencia de la inmigración en los índices criminológicos de España ante "la carencia generalizada de medios materiales y personales".

No obstante, la Fiscalía muestra su preocupación por los efectos que puedan generarse en la opinión pública y la posibilidad de que se generen brotes xenófobos, al "identificar sin matización alguna el incremento de la delincuencia con el aumento de la inmigración".

El informe explica como, desde 1994, la Fiscalía General del Estado ha ido recabando cada vez un mayor número de datos estadísticos que, en la mayoría de las ocasiones, "no ha podido cumplimentarse ante la carencia generalizada de los medios materiales y personales".

El informe de la Fiscalía se refiere también a la llegada de pateras, un fenómeno que, según dice, "no sólo ha convulsionado la conciencia colectiva de los españoles, sino también ha puesto en evidente crisis tanto el sistema legal de la medida cautelar de internamiento de extranjeros, como la propia infraestructura e implantación de los mismos centros".

En términos generales el informe advierte de que "la valoración de los centros de internamiento existentes no es muy positiva". Por ejemplo, indica que el centro de internamiento de Málaga no reúne las condiciones adecuadas (un antiguo cuartel con bastantes humedades que no se adecua a las necesidades de un centro de internamiento).

De igual manera, la Memoria hace referencia a la dificultad de descubrir y perseguir los delitos que se comete por extranjeros, dado que, en muchos casos, la denuncia de esta persona es el único medio para conocer su existencia. Además, estas denuncias se producen pocas veces, por miedo de las víctimas a sufrir las represalias de la organización criminal, no solo en sus personas sino en familiares que aún se encuentran en sus países de origen.

El informe refiere como las mafias aprovechan la vulnerabilidad y desarraigo en el país de destino y la situación irregular de los extranjeros, extendiendo su actividad a la explotación laboral o sexual con el pretexto de hacerles pagar una deuda, muchas veces desproporcionada por el transporte e introducción en el país.

Ley del Jurado y acceso al tercer grado

La Fiscalía General del Estado cree "conveniente" reformar la Ley de Jurado para lograr que este tipo de tribunales sean "más plurales" y dotar de un plazo de al menos 24 horas a las partes para estudiar y, en su caso, enmendar el veredicto redactado por el magistrado que preside la Sala. También se insiste en la necesidad de suprimir el límite de cumplimiento de la pena que establece el Código Penal para acceder al tercer grado penitenciario.

Por primera vez, la Memoria hace constar de manera expresa cuál es la Fiscalía de la que procede cada propuesta en concreto. Así, la Fiscalía de Huesca es la que ha planteado la necesidad de proceder a una reforma que modifique el modo de selección de candidatos a jurado popular, por entender que el sistema actual, consistente en ir examinando uno a uno a los candidatos, "limita la posibilidad de configurar un tribunal plural y con un perfil que pueda satisfacer a las partes".

Sugiere que se oiga primero a todos los candidatos, se recuse después a los que se considere oportuno y que, con los restantes, se proceda al sorteo para seleccionar a los miembros del tribunal, así como que el momento en el que se les den las instrucciones sea grabado de cara a futuros recursos por falta de parcialidad.

En cuanto al veredicto, la Acusación Pública revela que las partes "se quedan a veces con la angustiosa sensación" de no haber tenido tiempo de ponderar el veredicto redactado por el magistrado-presidente "con el suficiente sosiego", por lo que se propone dar un plazo de 24 horas para que éstas puedan estudiar y, en su caso, corregir la redacción del citado veredicto.

La Fiscalía propone igualmente que junto a los hechos a declarar probados por el jurado, se incluya la categoría de "neutros" junto a los favorables y a desfavorables, puesto que la inclusión de los hechos neutros entre estos últimos "tan solo porque son recogidos por la acusación, puede en ocasiones llevar a confusión a los jurados".

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