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divendres, 04 novembre de 2005
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Artículo 21

    Image1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes.

    2. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante en conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito.(Declarado inconstitucional y nulo por STC 341/1993 de 18 de noviembre)

    3. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

    4. Cuando por las causas previstas en el presente artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio, remitirán sin dilación el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente.

En relación con el contenido del primer punto de este artículo hay que decir que La Constitución española, en su art. 18.2 nos dice claramente que:

"EL DOMICILIO ES INVIOLABLE..."

Así pues, el punto de inicio ha de ser el reconocimiento de que en un domicilio ajeno no se puede entrar, y es esto y no otra cosa, lo que significa la inviolabilidad del domicilio.

De este derecho constitucional, nos dice el TC en sentencia 22/1984 de 17 de Febrero: "que ha sido establecido para garantizar el ámbito privado de la persona dentro del espacio limitado que esta escoge, y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento e inmune a las agresiones o invasiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública..." .

De aquí se desprende una consideración práctica, que consiste en que cualquier actuación, ya sea policial o judicial, en la medida que comporta una limitación de un derecho fundamental ha de ser interpretada restrictivamente tanto en el sentido de su procedencia como en el sentido de su alcance y ejecución. A pesar de esto, hay que tener presente que ni este ni ningún otro derecho fundamental tiene un carácter ilimitado o absoluto, y es por ello que puede y debe ceder delante de otros intereses reconocidos por la propia Constitución e igualmente dignos de protección. Lo que pasa, en todo caso, es que dado el rango de este derecho, es la propia Constitución y las leyes Orgánicas las que deben establecer en que supuestos y en que forma el domicilio deja de ser inviolable.

En relación a esto la propia Constitución en su art. 18.2 , después de reconocer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, declara que "..Ninguna entrada o registro se podrá hacer sin:

    el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo el caso de delito flagrante".

Además de las excepciones ya vistas, en el art. 55.1 y .2 CE se prevé la posibilidad de suspender este derecho en dos supuestos:

1º.- Por la declaración de estados de excepción o de sitio. (En los términos que lo desarrolla la L.O. 4/1981 del 1 de Junio Reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio.)

2º.- Por la investigación correspondiente a la actuación de las bandas armadas o elementos terroristas.

Junto al marco positivo que ofrece la Constitución, nos encontramos los supuestos que se recogen en el artículo que estamos analizando, en los cuales es posible la entrada en el domicilio ajeno cuando existan razones de urgencia o se de un estado de necesidad ,

Así pues fuera de los casos excepcionales previstos en el art. 55.1 y 2 CE ,y fuera de las razones de urgencia y estados de necesidad que ja hemos comentado; para poder entrar en un domicilio ajeno, o bien consiente el titular, o bien tendrá que existir una resolución judicial que lo autorice. No será, necesaria ni una cosa ni la otra cuando exista delito flagrante.

El punto 2 ya hemos comentado que fue declarado inconstitucional por STC 341/1993 de 18 de noviembre y el argumento nuclear de esta inconstitucionalidad, era básicamente el siguiente:

    "...El art. 21.2 de la LOPSC incorpora alguno de los elementos o rasgos que la jurisprudencia y la doctrina han venido utilizando para identificar el delito flagrante, y as¡ ocurre en el pasaje final del precepto, que requiere que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito. Urgencia, sin embargo, no es, por s¡ sola, flagrancia, como llevamos dicho, y a partir de esta advertencia es inevitable constatar que las demás condiciones prescritas por la norma impugnada muestran una amplitud e indeterminación en su enunciado incompatible con el rigor que presenta y requiere, en este punto, el art. 18.2 de la Constitución. Se refiere la Ley, en efecto, al conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que menciona, pero estas expresiones legales -conocimiento fundado y constancia- en cuanto no integran necesariamente un conocimiento o percepción evidente van notoriamente más allá de aquello que es esencial o nuclear a la situación de flagrancia. Al utilizar tales términos el precepto permite entradas y registros domiciliarios basados en conjeturas o en sospechas que nunca, por s¡ mismas. bastarían para configurar una situación de flagrancia...."

El tercer punto, como ya hemos comentado, hace referencia a situaciones de urgencia y necesidad concretamente nos enumera las siguientes situaciones:

    * 1. Necesidad de evitar daños inminentes y graves a personas y cosas
    * 2. Supuestos de catástrofes, calamidades, ruina inminente
    * 3. Otros casos semejantes de extrema y urgente necesidad

En estos casos se deberán tener en cuenta los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad; así mismo ante posibles responsabilidades penales, si se dan las circunstancias necesarias, será de aplicación la eximente del estado de necesidad.

Al igual que en el artículo 19 y en el 20, dado que estas situaciones limitan derechos las actas o atestados que se realicen fruto de estas intervenciones, deben ser remitidas sin dilación a la autoridad judicial competente.

Artículo 22

1. Para obtener el cumplimiento de las órdenes dictadas en aplicación de la presente Ley, las autoridades competentes para imponer las sanciones en ella establecidas podrán imponer multas en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258, 1469, 1504; RCL 1959\585 y N. Dicc. 24708).

2. En todo caso habrá de darse un plazo suficiente para cumplir lo dispuesto, de acuerdo con la naturaleza y fines de la orden, transcurrido el cual se podrá proceder a la imposición de las multas en proporción a la gravedad del incumplimiento. Tales multas no excederán de 25.000 pesetas, si bien se podrá aumentar sucesivamente su importe en el 50 por 100 en caso de reiteración del citado incumplimiento, sin que pueda sobrepasar los límites cuantitativos máximos establecidos para las sanciones.



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