El Govern de Balears autoriza los servicios de vigilancia y custodia de los ayuntamientos PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 09 juny de 2004
El Consell de Govern aprobó hoy un decreto para la creación de un registro general de datos de los miembros de las policías locales, así como los servicios de vigilancia y custodia de los ayuntamientos de Baleares, con el objeto de hacer más efectiva la coordinación de estos cuerpos




PALMA

EFE.- El Consell de Govern aprobó hoy un decreto para la creación de un registro general de datos de los miembros de las policías locales, así como los servicios de vigilancia y custodia de los ayuntamientos de Baleares, con el objeto de hacer más efectiva la coordinación de estos cuerpos.

El portavoz del Govern, Joan Flaquer, presentó este acuerdo con el que se pretende facilitar la coordinación de los cuerpos municipales de policía, una función que corresponde a la Conselleria de Interior, mediante el establecimiento de normas que sirvan de marco a los reglamentos de organización y funcionamiento de estas fuerzas.

Para mejorar la homogeneización, también en lo que respecta a los medios técnicos, los uniformes, las retribuciones y los criterios de selección y formación, Interior elaborará dicho registro, ya que actualmente no dispone de ninguna base que contenga los "datos necesarios que permitan al Govern conocer cuál es la situación de las policías locales de los municipios", según explica el propio Ejecutivo en un comunicado.

La nota añade que para llevar a cabo "una adecuada política en materia de seguridad", se hace "imprescindible" crear un registro que contenga una sección de datos individuales y otra con los referidos a los cuerpos de policía en su conjunto.

Con esta medida el Govern quiere adecuar "a la realidad" las futuras iniciativas normativas que se promuevan en este campo, como es el caso de la próxima ley de coordinación de policías locales.

El Ejecutivo recuerda que esta información no será pública y señala que los ayuntamientos afectados disponen de un término de dos meses desde la entrada en vigor del decreto para transmitir la información a la Dirección General de Interior.


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