¿Nos quiere rescatar el Ministerio del Interior? PDF  | Imprimir |  E-mail
dilluns, 10 setembre de 2012
Opinió: Jordi Samsó Huerta
ExDirector General de Seguretat Ciutadana


Las recientes iniciativas de algunos ayuntamientos, amparándose en la necesidad de mejorar la seguridad, de pedir al Ministerio del Interior que vuelva la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil a nuestras calles, nos debe hacer reflexionar sobre si existen razones jurídicas, si técnicamente es conveniente y necesario y si las motivaciones políticas son claras. Desde un punto de vista jurídico, el modelo de seguridad de Catalunya es homologable a uno federal que solo puede funcionar si las competencias de cada Administración y de cada cuerpo son respetadas. Todas las fuerzas políticas del Parlament lo consensuaron, PP incluido.

Las policías del Estado tienen competencias en materias extra y supracomunitarias, es decir, en delitos relacionados con el terrorismo, vigilancia de fronteras, extranjería, crimen organizado y falsificación de moneda entre otros. Se reserva para la policía de la Generalitat las competencias en seguridad ciudadana, orden público, tráfico ... El sistema catalán dispone de órganos de coordinación y cooperación, además de convenios entre las diferentes administraciones.

Sorprenden, pues, iniciativas como la del Ayuntamiento de Castelldefels de volver a introducir a la Policía Nacional en el patrullaje ordinario, y aún sorprende más que una decisión de esta trascendencia se haga sin el conocimiento del Departamento de Interior ni de la Junta Local de Seguridad presidida por su alcalde. No es un buen ejemplo de coordinación ni de lealtad institucional. Hay que recordar que todo policía, con independencia de su uniforme, tiene la obligación de actuar en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, poniéndolo en conocimiento del cuerpo competente, que en los casos de extranjería es la Policía Nacional .

La iniciativa de Castelldefels plantea algunas dudas operativas: ¿Qué sala de comunicaciones llevará la responsabilidad del servicio?, ¿a quién se le pedirán refuerzos en caso de probables disturbios?, ¿en qué posición profesional quedan los Mossos? La foto de la patrulla conjunta ofrece a los ciudadanos una imagen de coordinación y presencia del Estado, pero esta es aparente ya que la realidad es que empeoran más que mejoran las relaciones entre policías. Este caso sería un hecho aislado si no fuera por la iniciativa del PP de presentar mociones en algunos ayuntamientos instándoles a pedir al Departamento de Interior un acuerdo con el ministerio para volver a desplegar la Policía Nacional, y la Guardia Civil, en funciones propias de los Mossos.

¿Quieren hacernos creer que la policía de Catalunya no pueden hacerlo? ¿El Ministerio del Interior va sobrado de agentes en el resto del Estado? ¿No sería más razonable que cumpliera sus compromisos y proveyera los 1.088 mossos que faltan en Catalunya? ¿Estamos ante un nuevo modelo relacional que justificaría que los Mossos tuvieran también competencias en materia de extranjería, vigilancia de fronteras, en refuerzo de las policías estatales? Las cifras de hechos delictivos en Catalunya no son alarmantes. En cambio en la Comunidad de Madrid se han perdido 567 efectivos de la Policía Nacional en el último concurso de traslado, y ahí, según fuentes sindicales, se producen el 25% de los hechos delictivos del Estado. El ministerio debería atender primero sus responsabilidades.

Estos indicadores nos llevan a pensar que nos encontramos ante una ofensiva para desplegar presencia del Estado en Catalunya, sin valorar algunos de los efectos para la seguridad donde las percepciones son muy importantes. Se ha dado la imagen de que estamos ante serios problemas de seguridad y «tenemos que ser rescatados». Un Gobierno español tan preocupado por la imagen que se proyecta debería ser más prudente en sus acciones y añadir valor y no confusión a la seguridad de los ciudadanos.

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