Interior defiende registros a detenidos desnudos aunque se vulneren sus derechos PDF  | Imprimir |  E-mail
dimecres, 05 octubre de 2005
La Vanguardia

E. MARTÍN DE POZUELO - 05/10/2005
BARCELONA

La última instrucción del Ministerio de Interior referente a cacheos a delincuentes autoriza a policías y guardia civiles a introducir las manos u otros objetos "en las partes pudendas o íntimas, puestas al descubierto" tras el "desnudo integral del detenido" y recomienda a los agentes que practiquen esa diligencia siempre que no encuentren otra fórmula que "produzca una menor vulneración de sus derechos fundamentales".

Esta última frase es la espoleta que ha provocado que la Asociación Independiente de la Guardia Civil (Asigc) presentara el viernes pasado ante el Defensor del Pueblo un escrito de queja contra el secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho Vizcaíno - firmante de la instrucción- argumentando que la ley sólo permite "la limitación de los derechos fundamentales, pero nunca la vulneración de estos derechos". Para Asigc, según informó a este diario un portavoz de la citada asociación, de la expresión del Secretario de Estado se desprende que se pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas, cuando son investigadas o detenidas por un delito. Según los guardias, el texto emitido por Interior además de presumir que tales registros íntimos suponen de algún modo la vulneración de los derechos básicos de las personas, permite introducir las manos u objetos en sus partes pudendas o íntimas de los detenidos en determinadas condiciones que también quedan delimitadas en la instrucción.

Básicamente, los agentes están autorizados a practicar este tipo de registro personal tan profundo cuando sospechen que el detenido esconda objetos con los que pueda hacer daño a alguien - incluido a sí mismo- o cuando sea posible que oculte en su cuerpo elementos de prueba de la comisión de un delito.

Según informa desde la asociación denunciante, estos registros se practican con relativa frecuencia en casos de tráfico de drogas y también con ocasión de la detención de delincuentes habituales sobre las que ya tienen sospechas, indicios o precedentes de que ocultan armas u objetos punzantes en su organismo.

El Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, ha informado de que se ha iniciado el estudio del asunto.
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